Atención médica inclusiva: herramientas para un servicio con enfoque de género

La incorporación del enfoque de género en los sistemas de salud ha dejado de ser un lineamiento ético o una recomendación internacional para convertirse en un mandato legal explícito y vinculante en Colombia. Con la expedición de la Ley Jineth Bedoya Lima, el Estado colombiano determina la obligatoriedad de capacitar a los servidores públicos, contratistas y efectores de la función pública en materia de enfoque de género, prevención de violencias contra las mujeres y no revictimización. 

A pesar de este marco normativo, los entornos sanitarios (hospitales, EPS, secretarías de salud) continúan reproduciendo barreras estructurales y sesgos de género institucionales. En la práctica clínica, estos sesgos alteran los perfiles epidemiológicos, invisibilizan la sintomatología diferencial entre sexos y generan diagnósticos erróneos o tardíos (por ejemplo, en salud cardiovascular, dolor crónico y salud mental). En el ámbito administrativo y de atención, la falta de herramientas técnicas se traduce con frecuencia en violencia institucional y revictimización de mujeres, líderes sociales, periodistas y víctimas de violencias basadas en género (VBG), quienes se ven forzadas a pasar por rutas de atención fragmentadas, lentas y estigmatizantes.  

Este curso, diseñado desde la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de los Andes, responde de manera oportuna y estratégica a esta problemática mediante un modelo de 20 horas de alta intensidad formativa. Articula la medicina basada en la evidencia, la salud pública y el derecho sanitario para ofrecer a los profesionales una caja de herramientas prácticas que les permita transitar del mero cumplimiento administrativo de la norma hacia una transformación real del servicio. Bajo una metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y análisis de casos reales (incluyendo la jurisprudencia de la Corte IDH), el programa garantiza que los participantes desarrollen competencias inmediatas para diseñar rutas de atención humanizadas, libres de sesgos y penalmente seguras dentro de sus respectivas instituciones.