El derecho procesal penal constituye el mecanismo institucional a través del cual el derecho penal sustantivo se aplica a situaciones fácticas que se manifiestan en el mundo real. En ese sentido, el diseño y el funcionamiento de los sistemas procesales penales revelan compromisos normativos fundamentales acerca de la relación entre el poder del Estado de castigar, los derechos individuales y la búsqueda de la verdad en la adjudicación de conductas con alcance penal. La manera en que un ordenamiento jurídico estructura el proceso penal —en particular, en lo relativo al tratamiento de la prueba— es ampliamente considerada como un indicador del grado de constitucionalismo, racionalidad y legitimidad democrática de una sociedad.

 Históricamente, el sistema de justicia penal colombiano se desarrolló bajo la influencia de modelos inquisitivos de tradición continental europea, caracterizados por procedimientos escritos, la concentración de las funciones de investigación/acusación y juzgamiento en una misma autoridad y el principio de permanencia de la prueba. Desde 2004, Colombia emprendió una transformación estructural con la adopción de un sistema procesal penal adversarial inspirado en gran medida en el modelo adversarial de los Estados Unidos. Esta transformación, institucionalizada mediante la Ley 906 de 2004, introdujo audiencias y procedimientos orales, públicos y concentrados; una estricta separación entre las funciones de investigación/acusación y juzgamiento en autoridades y funcionarios diferentes; y la implementación parcial de algunas de las Reglas Federales de Evidencia/Prueba estadounidenses.

 A pesar de esta convergencia formal con el sistema adversarial estadounidense, subsisten divergencias significativas. Ciertas instituciones centrales del derecho probatorio norteamericano —como la regla del hearsay, los privilegios y la impugnación (impeachment)— fueron incorporadas de manera parcial, comprendidas de forma deficiente desde el punto de vista conceptual o desarrolladas de manera desigual por la jurisprudencia colombiana. En otros ámbitos, como las técnicas de litigio oral (incluyendo el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio), la recepción doctrinal ha superado su implementación práctica, dando lugar a brechas persistentes entre el diseño normativo y la práctica judicial.

Este curso está concebido como un examen comparado práctico, centrado a partir del estudio del funcionamiento de la prueba en el sistema, y orientado a la práctica del razonamiento probatorio y de las técnicas de litigación oral en sistemas penales adversariales, utilizando a los Estados Unidos y a Colombia como puntos de referencia principales. A partir del derecho probatorio estadounidense —en particular, las Federal Rules of Evidence— y de los desarrollos constitucionales, legales y jurisprudenciales colombianos, el curso explora cómo las reglas de evidencia estructuran la construcción de la “verdad judicial” al definir qué información puede considerar el juzgador, bajo qué condiciones y con qué finalidades.

El curso pone especial énfasis en la justificación funcional que subyace a las reglas probatorias, incluyendo la relevancia/pertinencia de la prueba, la impugnación de credibilidad de testigos y peritos (impeachment), la prueba pericial, la autenticación y la regla del hearsay / prueba de referencia, junto con sus excepciones. Estas discusiones doctrinales se articulan de manera constante con análisis comparados orientados a mostrar cómo conceptos probatorios similares operan de forma distinta entre jurisdicciones, y cómo dichas diferencias inciden en los resultados del juicio.

En última instancia, este curso busca dotar a los estudiantes de una comprensión comparada y funcional del derecho probatorio como componente central de la justicia penal adversarial. A través del análisis crítico del modelo estadounidense y de su recepción en Colombia, se incentivará a los estudiantes a evaluar tanto las promesas como las limitaciones de los trasplantes jurídicos, y a desarrollar un enfoque más sofisticado y constitucionalmente fundamentado de la prueba y de la litigación penal contemporánea.

Importante: Si eres estudiante regular de un programa de pregrado o posgrado de la Universidad de los Andes, no podrás realizar inscripción con créditos académicos a través de Educación Continua. Esta inscripción debes realizarla directamente con cada Facultad del curso de interés.